El Plan de Seguridad de Lavapiés

El Plan de Seguridad de Lavapiés: represión policial y planificación urbanística

 Lo primero es lo primero: ¿qué entendemos cuando hablamos de “Lavapiés”? Es un barrio dotado de una idiosincrasia muy particular: sus orígenes son muy humildes (era la judería hasta su expulsión de los/as hebreos/as de España en 1492) y desde su génesis se trata de una zona poblada por casas viejas y de pequeñas dimensiones construidas alrededor de un patio (lo que se llama corrala). En algunos casos las viviendas (o infraviviendas) son tan pequeñas que se habla de chabolismo vertical.

Desde la década de los 80, la población autóctona media era de avanzada edad y el barrio comenzó a despoblarse. La abundancia de casas abandonadas y de viviendas de renta baja atrajo en los años 80 y 90 a multitud de jóvenes con pocos recursos, entre ellos/as numerosos/as okupas: Lavapiés ha sido, probablemente, la zona de Madrid con mayor densidad de casas okupadas, y en ella tuvieron lugar algunas de las primeras experiencias de este tipo de la capital[1]. Hoy día, se siguen manteniendo algunos centros sociales okupados en el barrio, el cual cuenta con una enorme cantidad de asociaciones y de un alto grado de movimiento vecinal.

Además, durante el rápido crecimiento económico que el Estado español experimentó durante la última década y el efecto llamada que produjo sobre personas procedentes del extranjero, muchísimos/as migrantes se instalaron en este barrio (debido a que los precios de los alquileres son considerablemente más elevados en otras zonas del centro de la capital). De acuerdo con los datos censales se calcula que, en la actualidad, alrededor del 50% de la población del barrio es de origen no español[2].

En definitiva, se trata de un barrio (1) habitado por personas mayores, que ya no tienen trabajo, (2) jóvenes de pocos recursos económicos, en el paro o con trabajos poco cualificados[3] e (3) inmigrantes extracomunitarios (de procedencia de fuera de la UE), los cuales tienen mayor dificultad para acceder al mercado de trabajo[4]. Como en todos los lugares que se reúnen estas condiciones, (4) existe un elevado consumo de droga. Y, además, (5) la situación de la vivienda en Lavapiés está cambiando a pasos agigantados y (6) en esta zona los movimientos sociales o contestatarios gozan de buena salud.

La imagen de Lavapiés: entre la realidad y la ficción

Si abres un periódico y, por alguna razón, aparece en él una noticia relacionada con Lavapiés, probablemente no sea una noticia buena. Siempre que sale en la prensa se le relaciona directamente con la venta y consumo de drogas, con los/as inmigrantes sin papeles y con un altísimo grado de violencia. ¿Hay algo de cierto en esto? En parte. Resulta innegable la existencia de cierto menudeo de droga en algunas zonas. Y sí, de vez en cuando vemos peleas. Y desde luego, aquí habitan muchos inmigrantes, una gran mezcla de culturas. Sin embargo, la situación no es, ni mucho menos, la del escenario ultraviolento presentado por políticos/as[5] y periódicos. En general la convivencia no es mala.

De lo que no se habla apenas en los medios es del otro tipo de violencia que se presencia a diario en el barrio: los actos de violencia institucional en forma de desahucios, derribos de inmuebles y acoso policial a inmigrantes (identificaciones y, en algunos casos, encierros en el Centro de Internamiento de Extranjeros o CIE de Aluche)[6].

El año pasado un policía declaró, de forma demencial, que la situación que viven él y sus compañeros/as en Lavapiés es comparable a la que se vivía en Euskadi en la década de los 80. Esperemos que se le haya pasado su trastorno temporal. Sea como fuere, y con independencia de cómo pueda percibir él la actitud hacia la policía, tiene razón en que existe tensión en el barrio. Lo que no dijo es que esta tensión ha sido en gran parte inducida y promovida por la policía, con actuaciones como la de disparar dos tiros al aire en la calle Amparo a finales de mayo de 2012 durante el cacheo a unos africanos que portaban DVD pirateados[7].

Pero, ¿por qué existe la visión de Lavapiés como un barrio violento y con una pésima convivencia vecinal en el imaginario público? ¿Por qué no se dice lo mismo sobre los otros barrios de su entorno? ¿Es tan diferente del resto de zonas céntricas? Lo cierto es que, a pesar de que cada barrio tiene sus particularidades, Lavapiés no es tan diferente de los demás, pero la visión que se proyecta de ella es interesada. Gracias a la extensa campaña mediática que se ha llevado a cabo en perjuicio de la imagen del barrio, se ha logrado introducir el miedo en algunos/as de los/as habitantes del barrio. Ahora éstos/as aplauden cualquier acción emprendida por el gobierno local para que les proteja. De esta manera, la Delegación de Gobierno ha iniciado con éxito el Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia de Lavapiés, el cual aumenta la presencia policial en la zona y busca “revitalizar” el barrio comercial y urbanísticamente.

¿Qué es el Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia de Lavapiés?

Este Plan, conocido simplemente como el Plan de Seguridad de Lavapiés, fue fraguado en la primavera de 2012 entre la Delegación de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, los cuerpos de Policía Nacional y Municipal y algunos “agentes sociales” de Lavapiés (una asociación de vecinos y varias asociaciones de comerciantes). Tiene – de acuerdo con la Delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes – dos objetivos: (1) Por un lado, como decíamos antes, incrementar la presencia policial mediante un aumento “de la vigilancia a pie y motorizada, tanto a cargo de agentes uniformados como de paisano, intensificando además la coordinación policial” y, (2) por otro, revitalizar el “barrio mediante iniciativas que no sólo deben incluir medidas para la rehabilitación arquitectónica, sino también para la mejora de la integración social y la dinamización económica”[8].

Dicho programa jamás se podría haber aprobado sin haber implantado antes el miedo en la población. Como decíamos, este pavor ha sido en gran parte dirigido por la Delegación de Gobierno, por la policía[9] y por los medios de comunicación[10] y gracias a él, el pilar más importante del Plan es la “Presencia Policial Permanente”, el cual se inició en el mes de julio de 2012.

El resto del Plan (esto es: la revitalización arquitectónica y comercial) entrará en vigor de forma paulatina a partir de septiembre de 2013.

Primera consecuencia del Plan: aumento de la represión

 “Si quieres ver una imagen del futuro imagínate una bota golpeando repetidamente una cara humana para siempre” – George Orwell.

 La consecuencia más obvia del incremento de la presencia y el poder policial y de las políticas de revitalización comercial es la expulsión de los barrios de sus habitantes considerados/as de tercera.

¿Quiénes son los/as habitantes de tercera? Un grupo lo conforma la población migrante. Esta intención se nos desveló cuando el programa de Presencia Policial Permanente cumplió su primer mes el 30 de julio de 2012. En este momento, la Delegación de Gobierno anunció que “el Plan de Presencia Permanente y los dispositivos especiales de prevención de los delitos más habituales han supuesto 80 detenciones en julio por delitos contra la salud pública, reclamaciones judiciales, infracciones de la Ley de Extranjería, y otras infracciones penales”[11]. Es decir, incluyeron las infracciones de la Ley de Extranjería en el mismo saco que los ilícitos penales, cuando las primeras son infracciones administrativas, penalmente irrelevantes. La ley es clara: encontrarse en España de manera irregular no es un delito, y sin embargo con frases como estas se criminaliza a los/as inmigrantes y se reconoce abiertamente que los dispositivos policiales están deteniendo a personas que no han cometido delito alguno.

Otro de los objetivos en el punto de mira del gobierno son los famosos “antisistema”. Cifuentes, al anunciar la creación del Plan, declaró que “en este momento la Policía tiene dificultades para intervenir como consecuencia de la actuación de determinadas personas que se autodenominan brigadas vecinales[12] y que en ocasiones lo que hacen es impedir la propia actuación de la Policía frente a los delincuentes habituales que puede haber en el barrio”. También explicó que determinados espacios – como los centros sociales okupados – son un nido de antisistema “muy radicales” y peligrosos[13].

Por supuesto, existen otras tácticas para expulsar a los “indeseables” del barrio, como lo son los desahucios (de los cuales se llevan a cabo hasta 159 al día[14]). En este caso los elementos indeseables serían las personas de un poder adquisitivo bajo, que no pueden ni pagarse su propia vivienda y por tanto no van a potenciar el consumo en la zona. Y cuando el simple funcionamiento normal de la economía no sea suficiente para lograr este objetivo, el incremento de la presencia policial se encargará del resto: afectará a las personas identificadas a diario, a los/as marginados/as, a los/as toxicómanos/as[15], etc., que sentirán la presión hasta que no la puedan soportar más y se marchen.

Todo esto es lo que nos lleva a pensar que el Plan de Seguridad, más que garantizar la seguridad, servirá para deshacerse de algunos de los elementos indeseables del barrio. Éste es su verdadero objetivo; el interés tras el miedo infundido.

Segunda consecuencia: urbanismo como control espacial

“El urbanismo no es sólo una cuestión de estilo, es manifestación de la sociedad, política hecha con cemento y piedra” – Ulrich Beck

El segundo pilar del Plan, como decíamos, es la revitalización del comercio y la planificación urbanística.

La planificación urbanística no es algo que solo tenga que ver con modas, estilos y formas arquitectónicas, sino que, lejos de ser neutral, responde claramente a unos intereses relacionados con la imposición de un estilo de vida. El espacio (y especialmente el urbano) genera valor. Pero para crear este valor es preciso controlar antes ese espacio. Pongamos un ejemplo: en los últimos años hemos asistido a una enorme privatización del espacio público en lugares como la Plaza de Agustín Lara o la calle Argumosa, las cuales ahora casi no se pueden transitar ya que las terrazas de los bares los han colonizado totalmente. Esto, que se corresponde con la realidad de unos intereses económicos y la imposición de un estilo de vida consumista, genera valor para los comerciantes y para la Administración (en forma de impuestos), pero sólo si el poder puede controlar el espacio y garantizar que los/ as habitantes del barrio vayan a consumir allí. Y, para ello, es necesario dotarse de una legislación que sancione el consumo de alcohol fuera de los bares (la famosa “Ley Antibotellón”) y desplegar unos agentes policiales que vayan a ejecutar dicha legislación. Y eso es justo lo que está ocurriendo.

Así, vemos que la adopción de este Plan “no solamente va a englobar un incremento de la actuación policial”, sino que se encuentra estrechamente ligado al anunciado objetivo de “dinamización económica” y de “reinserción del barrio madrileño para que no se convierta en un gueto”[16]. Ambas partes del Plan van unidas de la mano, son mutuamente dependientes y el resultado final de su ejecución será un proceso de gentrificación[17] similar al vivido en Chueca y Malasaña, como explicaremos en el artículo siguiente.

El nuevo escenario de Lavapiés

Las plazas se van quedando sin sitio donde sentarse, los bancos pasan a ser unipersonales[18] y las terrazas van ganando terreno a las plazas y a las estrechas aceras, lo que hace que las personas tengamos que ir andando por la carretera. Paralelamente, se desarrolla en el imaginario público una visión de inseguridad y peligrosidad en torno a Lavapiés, la gestión del miedo es ejercida por el poder político y voceada a la población por los medios de comunicación, generando la estigmatización de la zona, lo que sirve como justificación a la actuación y “recuperación” de dichos barrios por parte de la Administración local. A partir de aquí, los planes de rehabilitación de calles y edificios empiezan a aflorar generando un gran negocio a las constructoras e inmobiliarias que pasan a ser las verdaderas dueñas del barrio.

Y mientras tanto, un policía en cada esquina. Impedirán que se cometan algunos delitos, claro que sí, pero también lograrán (re)conducir los comportamientos, actitudes, actividades y relaciones interpersonales de una población dada hacia determinados fines u objetivos considerados deseables por la Administración y los agentes ordenadores del territorio. En este caso, el objetivo es la obtención de beneficio mediante el comercio y la planificación urbanística. Finalmente, debido a este proceso, la metrópoli se transforma en un espacio constituido por diferentes miniciudades, donde un pequeño grupo de privilegiados/as goza del espacio y de los recursos comunes. El centro se convierte exclusivamente en un espacio de trabajo y de ocio-consumo, no en un lugar en el que estar, en el que vivir, en el que pasar el tiempo en la calle sin consumir.

Lavapiés es de los últimos barrios céntricos que faltan por modernizar y reestructurar, siguiendo la estela de Malasaña y Chueca. Pretenden acabar con la interacción de los vecinos/as en la calle para favorecer el comercio y el consumo. Para ello, se torna necesario eliminar de la vista pública a los sectores más desfavorecidos de nuestro barrio, que sufrirán en sus carnes el intenso control policial y la represión (en forma de sanciones, desahucios, detenciones, enjuiciamientos, encierro o expulsión del territorio nacional). De igual manera, los edificios en peor estado del barrio serán expropiados y derribados, siendo sustituidos por viviendas nuevas que, si bien serán más deseables que las infraviviendas que existen en la zona, también serán muchísimo más caras, haciéndolas inalcanzables para los sectores que se desea expulsar, y se construirán con el enriquecimiento de grandes especuladores/as.